Sobre Decretazo

Decretazo es una iniciativa que pone a disposición de la ciudadanía, de una manera fácil y accesible, los decretos ejecutivos que emite el Presidente de la República. Periódicamente se presentará además análisis de aquellos decretos cuya temática, entre otros, se relacione con regulación de derechos y libertades, reglamentación de nuevas leyes y uso de recursos públicos. Mediante estas acciones buscamos cumplir con el objetivo principal de transparentar los actos de la Función Ejecutiva.

La definición de la palabra decreto, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la de “decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que tengan competencia”.

Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, quizá uno de los más consultados por abogados y estudiantes de Derecho en América Latina, hay tres definiciones que considerar. La primera, decreto como “resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre asunto, negocio o materia de su competencia.” La segunda, decreto ley como “disposición de carácter legislativo que, sin ser sometida al órgano adecuado, se promulga por el Poder Ejecutivo, en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente, previamente determinada.” La tercera, decreto reglamentario como “el que, con la firma de un ministro o secretario de Estado, redactado por él o por sus colaboradores, o combinadamente, y la sanción del jefe del Estado, regula con detalle el régimen que sobre una institución ha establecido, en lineamientos fundamentales, una ley, y sin desconocer substancialmente ninguna de sus normas.”
Con base en las definiciones señaladas, toda decisión del Presidente de la República, o de quien ejerce la Función Ejecutiva, en ejercicio de sus atribuciones, se consagra a través de un decreto.

El artículo 147 de la Constitución establece las atribuciones y deberes del Presidente, entre las cuales se encuentran:

  • Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control;
  • Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;
  • Nombras y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda;
  • Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión;
  • Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración;
  • Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial.
El artículo 148 de la Constitución, relacionado a la atribución que tiene el Presidente de disolver la Asamblea Nacional, contempla una facultad extraordinaria por la cual “hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.”
Un decreto ejecutivo entra en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, que es el medio de publicación de toda norma jurídica, creado por Eloy Alfaro el 1 de julio de 1895.
Según el artículo 425 de la Constitución, “el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”